Resulta indispensable acercar fuentes de financiamiento al Instituto de Vivienda del Distrito Federal que posibiliten disminuir la parte de crédito en el valor de la solución habitacional, situación que ha sido tarea estratégica en los últimos años; alcanzar acuerdos con la Conavi y el Fonhapo, para que otorguen subsidios a los acreditados del Invi, otro elemento preponderante.

(FOTO: Archivo hogaresnoticia.com)

Por Ignacio Cabrera * | Hogaresnoticia.com | 26/05/2015

El gobierno de la ciudad de México debe apostar por la equidad social, reto que demanda el fortalecimiento de políticas e instrumentos que posibiliten a los segmentos más amplios de la población de la Ciudad, el disfrute de derechos sociales garantizados en nuestra Carta Magna, entre los cuales está el acceso a una vivienda adecuada.

En la ciudad de México, los distintos actores incluido el Gobierno del Distrito Federal han considerado que el derecho a la vivienda está estrechamente vinculado al derecho a la ciudad y a la construcción social del hábitat, por lo que hacer vivienda debe ser una acción enmarcada en el contexto del espacio público y el entorno ambiental, económico y cultural de quienes la van a habitar.

Es bien sabido, que el derecho a la vivienda es un derecho complejo, en el que convergen diversos factores y por el que atraviesan otros derechos como el acceso a: la educación, el trabajo, la salud entre otros. En buena medida, este derecho fundamental se constituye en eje central de un desarrollo social integral.

En este sentido se entiende que la vivienda no es una necesidad individual a resolver solo mediante el esfuerzo personal, si no por el contrario por tratarse de injusticia social, su solución es responsabilidad de la sociedad en su conjunto.

Durante los últimos años, en la ciudad de México, se ha realizado un esfuerzo importante por satisfacer las necesidades de vivienda de la población de escasos recursos. A partir del año 2001, se incrementó a 2,170 millones de un presupuesto total para el D.F. de 44,860 millones de pesos.

Este incremento de más del 500%, significó abatir en gran medida el rezago habitacional existente en ese momento, generando mejores condiciones y calidad de vida para los habitantes de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años, se muestra un rezago y un déficit creciente de atención a los sectores de más bajos ingresos.

Para disminuir este rezago se requiere atender anualmente alrededor de 76,000 viviendas, 29,000 nuevas y 47,000 mejoramientos, situación que no es posible de realizar con los recursos que en los últimos años se le han asignado al Instituto de Vivienda (Invi).

Para el 2013 la distribución del presupuesto planteó con claridad la definición de prioridades, ya que con cerca de 2,545 millones, el Invi destinó 41% para el Programa de Mejoramiento de Vivienda en el que los acreditados controlaron el ejercicio de los recursos bajo un proyecto técnico adecuado y supervisado por técnicos del instituto.

Más aún, 21% para edificación de vivienda vertical bajo el modelo de auto-producción. El 38% restante lo destinó a la construcción de vivienda nueva terminada a través de empresas constructoras debidamente acreditadas ante el Invi.

Para el ejercicio de dichos recursos en el marco de la distribución descrita, en el 2013, el Instituto aplicó estrategias e instrumentos que permitieron dar atención hacia la población logrando concretar 16,851 acciones, correspondiendo 5,745 al Programa de Vivienda en Conjunto, y 11,106 al Programa de Mejoramiento de Vivienda.

Derivado de lo anterior para el ejercicio 2013, el Instituto contó con un presupuesto de cerca de 2,545 millones de pesos, es decir, presenta un incremento de 1.76>% respecto al presupuesto de 2001, siendo el caso que el presupuesto total del DF fue de 144,000 millones de pesos, lo anterior, representó un incremento real de 321 por ciento. En resumen el presupuesto del Distrito Federal se triplicó y el presupuesto para vivienda prácticamente es el mismo que hace trece años.

Motivado por lo ya enunciado resulta indispensable acercar fuentes de financiamiento al Invi que posibiliten disminuir la parte de crédito en el valor de la solución habitacional, situación que ha sido tarea estratégica en los últimos años. En esta lógica, el Instituto tendría que generar condiciones para concretar convenios con dependencias federales como la Comisión Nacional de Vivienda y el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), con la finalidad de que dichas dependencias otorguen subsidios a los acreditados del Invi con ingresos menores a cinco veces salario mínimo diario.

Adicional al hecho de buscar y obtener fuentes adicionales de financiamiento, resulta trascendente el crear de manera sistemática un Sistema de Ahorro del Invi, con el propósito de incentivar el ahorro y contribuir a generar una dinámica de corresponsabilidad en la atención de la demanda habitacional. El ahorro sumado al financiamiento, puede complementarse con un esquema financiero.

Es indispensable que la política de vivienda en la ciudad de México prevea lineamientos e instrumentos como:

1.- Generación y aplicación de subsidios y fondos para apoyos sociales.

2.- Ofrecer una atención focalizada a población vulnerable y a la que habita en alto riesgo.

3.- Reconocer y estimular el ahorro como elemento básico de los créditos y apoyos otorgados.

4.- Dar viabilidad financiera a quienes rentan una vivienda.

5.- Densificar y reciclar el suelo urbano para el mejor aprovechamiento de un insumo tan escaso en la ciudad, como es el suelo.

6.- Incentivar la ocupación planeada de lotes familiares y otorgar estímulos  fiscales para su regularización en condominio familiar.

7.- Impulsar la progresividad en la edificación de la vivienda, así como promover condiciones equilibradas de apoyo para todos los modos y tipos de producción habitacional.

* IGNACIO CABRERA F.  es arquitecto de profesión, con estudios en The University of Georgia; fue recientemente Director Ejecutivo de Promoción y Fomento de Programas de Vivienda en el Instituto de Vivienda del DF. Antes, se desempeñó en SAGARPA y en el Consejo de la Judicatura Federal México.