Es de destacar la eficiencia, voluntad y apoyo que mostraron algunos bancos para reestructurar la deuda de uno de sus clientes en apuros, incluso tan orgullosos están que ellos mismos filtraron a sus voceros voluntarios que batieron record en este tipo de negociaciones. Esa rapidez y prestancia resalta también porque ayudan a su cliente a salir temporalmente de una crisis para que continúe trabajando normalmente en una etapa sumamente importante para el país.
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Desafortunadamente ese cliente no es una pequeña y mediana empresa que, ajena a las causas de la recesión o desaceleración de la economía, ha reducido sus ventas y por consiguiente no tiene los ingresos suficientes para cumplir con el pago de su deuda; tampoco se trata de alguna agroindustira que debido a alguna contingencia climática ve frenado su proceso productivo y se ve obligada a detener las mensualidades de sus créditos; mucho menos de un cliente persona física que perdió su empleo y se le complica cubrir su hipoteca, financiamiento automotriz o tarjeta de crédito.
Se trata ni más ni menos que del gobierno del estado de Coahuila, que fue sobreendeudado en su pasada administración por el equipo del hoy flamante presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el ex gobernador Humberto Moreira. Y lo que salta a la vista es que ayudan al cliente que es acusado de falsificar documentos oficiales del Congreso local e incluso de la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para tomarles el pelo a esos mismos bancos y obtener créditos que suman más de 32 mil millones de pesos, es decir a un presunto delincuente.
A este cliente no lo remitieron a un despacho de cobranza para ejecutar una estrategia de persecución, acoso y hostigamiento con continuas llamadas telefónicas, incluso en horas nocturnas, para presionar el pago de los créditos con amenazas de visitas, embargos y demandas penales.
Sin embargo, al parecer no todos los banqueros acreedores están de acuerdo con esa generosidad mostrada por algunos de sus colegas con el cliente VIP, pues originalmente había 14 intermediarios involucrados y en total negociaron 9, es decir 5 no le entraron al acuerdo financiero. Finalmente, la deuda se reestructuró a un plazo de 20 años, con una tasa de interés de TIIE más 2.75 puntos, de acuerdo a las filtraciones de los propios bancos.
Se dice que con tal de parar el embrollo algunos bancos sumamente interesados en callar el escándalo, compraron la deuda a los 5 inconformes. Obviamente no se ha hecho público cuáles son éstos, ni los montos de las deudas, y el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Jaime Ruiz Sacristán, se disculpa públicamente de no poder dar mayor información al respecto.
El problema es que algunos observadores y analistas políticos acusan de complicidad a los bancos, pues no se explican cómo es que se dejaron engañar igual que las calificadoras de riesgo, aunque éstas por lo menos fueron las primeras en hacer pública la falsificación y engaño informativo por parte del gobierno de Humberto Moreira, hoy gran aliado del aspirante a la candidatura presidencial por el PRI, Enrique Peña.
También se argumenta que con la rapidez de la reestructura se evita la nueva metodología que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores obligará aplicar a los bancos en los próximos créditos que entreguen a los gobiernos de los estados y municipios, una vez que el caso Coahuila destapó la cloaca. Si se aplicara los bancos tendrían que incrementar las reservas de manera considerable, perjudicando su capital y utilidades, y también tendrían que aplicar tasas de interés más altas, lo que pondría en riesgo el pago de los créditos, que de por sí se duda puedan ser pagados.
Aunque para alimentar las versiones políticas del tema tenemos que el banco “líder” -como lo califican los voceros oficiosos- en esta reestructura, fue Banorte que es presidido por Roberto González Barrera y Guillermo Ortiz Martínez, y dirigido por Alejandro Valenzuela, una institución que, de acuerdo con analistas, se ha distinguido por su solidaridad con el partido de Moreira y Peña Nieto.
Esperemos que no se guarden en el cajón del olvido las demandas levantadas por los legisladores de oposición de Coahuila y la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra quienes resulten responsables de falsificación de documentos públicos, tanto a operadores directos como a autores intelectuales de los presuntos delitos.
Así también se debe investigar y transparentar la aplicación de tan cuantiosos recursos porque existen diversas acusaciones de desvíos hacia fines políticos y electorales, así como de enriquecimiento ilícito de integrantes del equipo cercano de Humberto Moreira, a quienes se les acusa de ser prestanombres, pues hoy son prósperos empresarios de la radio en la región, además de tener empresas inmobiliarias en el otro lado de la frontera.
Mientras tanto, los que salieron más perjudicados son los coahuilenses cuyo estado quedó hipotecado virtualmente para los próximos 20 años, pues quedaron comprometidos casi la totalidad de sus ingresos por concepto de las participaciones federales y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas, así como los impuestos de nómina, para pagar las deudas que les indilgaron paradójicamente por quienes votaron en las dos pasadas elecciones estatales.
Nacionalismo hipócrita
La compra de acciones en Repsol por parte de Pemex, así como su alianza con la inmobiliaria Sacyr, que también tiene títulos en la petrolera española, siguió enfrentando a autoridades de esa nación y compañías socias.
En México, autoridades del sector de la construcción dieron a conocer que esa falta de reciprocidad en España se refleja en otras industrias, lo cual califican de injusto, cuando hay firmas de esa nación que se han enriquecido al ganar licitaciones para obras de millones de dólares.
Para Eduardo Correa, presidente de la Cámara Mexicana de la indsutria de la Construcción (CMIC), en menos de diez años las firmas españolas no sólo se posicionaron como líderes en nuestro país, sino que actualmente se financian incluso mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, mientras que en España y otras naciones no se permite que las empresas mexicanas del ramo realicen las obras.
A lo anterior se suma el hecho de que en la actualidad las empresas extranjeras ya no necesariamente traen inversión a México, sino que son los principales competidores en materia de obra.
Datos de ProMéxico indican que España cuenta con un alto número de empresas relacionadas con la construcción y operación de proyectos de infraestructura (agua, aeropuertos, puertos, carreteras, electricidad) como OHL y Andesa.
De esta forma, por ejemplo, destaca la presencia de OHL, a través de su filial en México, que a un año de ingresar al mercado de valores en México logró duplicar sus ganancias, con una utilidad neta de 2,870 millones de pesos.
En agosto pasado la compañía dio a conocer que el Fondo Nacional de Infraestructura y Banobras otorgaron a su firma Autopista Urbana de Norte, dos créditos por un total de 7,440 millones de pesos. Por supuesto que tal falta de reciprocidad afecta a la industria nacional de la construcción y es semejante a lo que sucede con Pemex en Repsol. ¿O no?
AMFE lanza alerta
Es importante que la propia Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Roberto Ureña, alerte al público para que no caiga en los fraudes que algunas empresas bajo el membrete de sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) están realizando al ofrecer productos de ahorro con tasas de interés superiores a las que ofrecen los bancos y otros intermediarios.
Ureña participó en las conferencias que organizó la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), que preside Luis Pazos, y ofreció éste y otros consejos ante un público estudiantil. Les dejó en claro que las sofomes son intermediarios que solo están autorizados para dar créditos a sectores como pymes, agro, automotriz, hipotecario, micro y personales, por lo que les comentó que es preferible acudir a las empresas que están afiliadas a la AMFE, porque esto es garantía de seriedad y profesionalismo.
Este llamado de la AMFE debería ser tomado en cuenta también por las autoridades financieras y los legisladores, para que legalmente impidan la proliferación de esas sofomes que se abren como cualquier establecimiento comercial con recursos muchas veces de dudosa procedencia.
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*Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho. Especialista en temas de Economía, Finanzas y Negocios.
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