Ante los procesos electorales por la Presidencia de la República y los gobiernos estatales y locales que se avecinan, sería prudente que México adoptara algunas medidas como ha ocurrido en algunos países, como Colombia, para evitar que las campañas políticas sean contaminadas con recursos provenientes del narco y la corrupción.

• Firmar convenios con bancos
• Deuda en condiciones favorables
• Infonavit, pago a jubilados

Por Agustín Vargas Medina * | 04 Enero 2012

Al menos esa es la recomendación de Ramón García Gibson, copresidente del Capítulo México de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), quien sostiene que entre dichas medidas destacaría la  firma de convenios entre los representantes de los partidos políticos y los bancos e instituciones financieras, en los que se fijen reglas sobre los montos y justificación de los depósitos para las campañas.

Lo interesante de esta medida es que en el momento que los acuerdos no se cumplan, las cuentas se cancelarían y se reportarían a las autoridades competentes como una operación inusual.

El especialista sostiene que si bien el mayor financiamiento que reciben los partidos políticos tiene su origen en recursos del Estado, entregados a través del Instituto Federal Electoral (IFE), también están autorizados a recibir aportaciones de sus militantes, simpatizantes y otras formas de financiamiento privado.

A su juicio ese financiamiento privado representa un grave riesgo que requiere de mayor atención para evitar que las campañas políticas se contaminen con dinero sucio, ya sea procedente del narcotráfico, corrupción o cualquier otro tipo de delito.

El sueño de los justos

Apunta que extrañamente la iniciativa de Ley Federal para Detectar e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (lavado de dinero), que –dijo- duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, no se incluyan dentro de las actividades vulnerables sujetas a identificación y reporte de operaciones inusuales el financiamiento de campañas políticas.

Reconoció que recientemente la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en un buen esfuerzo por dar una lista detallada que se requería desde hace algunos años, publicó en su portal de Internet un listado especifico de los que se consideran personas políticamente expuestas.

Se trata de aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de Estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos.

El también director general de García Gibson Consultores concluye que resulta prioritario que se ponga mucha atención a este tema, pues sería muy lamentable que después de tanta lucha por parte de la actual administración contra la delincuencia organizada, que ha costado la vida de muchas personas, se tenga en el país representantes de elección popular en los distintos niveles de gobierno que sus campañas políticas hayan sido financiadas por la delincuencia organizada.

 Deuda en condiciones favorables

La colocación y la buena aceptación del bono de deuda por 2,000 millones de dólares que llevó a cabo el gobierno mexicanorecién inició este año, demuestra la confianza que se tiene en nuestro país y sus finanzas públicas, a pesar de las múltiples opiniones en contra, más aún cuando se enfrenta en estos momentos una fuerte incertidumbre financiera a nivel mundial.

Sin duda México se diferencia de otros países por haber instrumentado políticas responsables, lo cual hace posible que la colocación del papel se hagan a largo plazo y con tasas reducidas, como ocurrió en este caso, cuyo vencimiento será dentro de 10 años, en marzo de 2022, y paga un cupón de 3.625 por ciento.

Esta transacción permite al gobierno federal aprovechar el acceso al financiamiento en los mercados internacionales de capital en condiciones favorables, fortaleciendo la estructura de la deuda pública.

Esta emisión a un costo de 3.71% representa el más bajo en la historia de este plazo, mientras que países como Italia han tenido que pagar cerca de 7% para poder colocar deuda a 10 años.

Infonavit, pago a jubilados

Del 8 de septiembre al 8 de diciembre de 2011 el Infonavit pagó 643 millones 944,615 pesos a 11,618 jubilados que ganaron juicios e inconformidades al Instituto para recuperar los recursos que ahorraron en su subcuenta de vivienda 97. 

Según el Instituto de vivienda, en medio año se atendieron más de 12,500 jubilados y hasta los primeros días de diciembre se pagaron más de 11,000 casos.

El mayor monto, 263 millones 407,000 pesos, se destinó a amparos, de los que se han concluido 3,355 casos. En total, el Infonavit tiene 34,379 amparos en proceso.

De acuerdo con los datos de la institución, se pagaron 380 millones 537,000 pesos a trabajadores que ganaron 5,873 laudos, de 8,263 registrados.

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* Periodista. Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Derecho. 

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