No es un hecho aislado; el caso de Carlota desentierra un problema con mucha profundidad y que debe de ser un parteaguas en el sector inmobiliario, advierte especialista; la abuelita exhibió el despojo de una vivienda, sí una, pero la problemática llevas años y pueden contarse por cientos o miles.
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Saúl Galarza | Hogaresnoticia.com | 06/abril/2025
Ciudad de México.- En los últimos días se viralizó el caso de Carlota “N”, una anciana que empuñando un arma, buscó hacer justicia por propia cuenta, con presuntos invasores de una casa y ante la indiferencia previa de autoridades, en el municipio de Chalco, estado de México.
Sin embargo, este caso no es aislado. La invasión de inmuebles es una práctica común en la que, de acuerdo con víctimas de despojo entrevistadas, participan en complicidad funcionarios de gobierno locales y policías, de la mano con grupos de choque que se dedican a la invasión de propiedades y que se ostentas como supuestos “sindicatos”.
Benjamín Cortés, un empleado de gobierno narró a hogaresnoticia.com cómo la casa de sus padres fue invadida por uno de estos grupos.
La “casa se ubica en el municipio mexiquense de Ecatepec y cuenta con crédito del Infonavit. En un principio nos acercamos a ese organismo para solicitar asesoría, pero allí nos dijeron que no podían hacer nada, por tratarse de un asunto de carácter civil”, dijo.
Posteriormente, contó Benjamín, cuando acudieron a levantar el acta ante las autoridades de Ecatepec, por el despojo del patrimonio, les argumentaron que era imposible actuar, al ser un asunto entre particulares y que ellos no podían intervenir.
De manera inconcebible, los invasores también presentaron documentos donde supuestamente eran los dueños de la casa y con la firma de supuestos funcionarios.
Como recurso, tuvieron que endeudarse y disponer de sus ahorros de toda la vida para contratar un despacho de abogados. La estrategia, explicó Benjamín, es que acusaron a los invasores de delitos que tenían que ver con un tema de carácter penal y no civil.
La “acusación fue penal contra estas personas y no de carácter civil, de lo contrario no procedía. Casi casi de intento de asesinato y de violación contra nosotros, por decir algo. Y tuvo que ser así para que las autoridades tomaran cartas en el asunto, de lo contrario, no procedía la acusación. Lamentable toda esa situación”, añadió.
Margarita García, quien enfrentó una situación similar con una casa que sacó con crédito del Infonavit, en el municipio de Metepec, estado de México, también nos compartió su experiencia:
“Yo trabajo en la Ciudad de México y acudo a mi casa una vez por mes. Un día llegué y no pude abrir la puerta; habían cambiado la chapa. Enseguida una vecina se acercó y me dijo que había una familia allí; que tenía tres semanas viviendo en mi casa. Pensaron en principio que yo había rentado la casa, por eso nadie dijo nada”.
Narró que fue un calvario. Al igual que la familia de Benjamín, contrató un abogado, pero en este caso tardaron más de un año en poder sacar a los invasores.
“Cuando finalmente logramos sacarlos, entré a mi casa y me fui de espaladas; todo habían destruido: cocina, camas, sala, incluso las paredes estaban todas pintarrajeadas. Los colchones totalmente destruidos. Fue algo muy duro, pero recuperé mi casa. Debo decir también que en esos tres años, el Infonavit me siguió descontando mi mensualidad, esto a pesar de que fui a explicarles lo que sucedía. Allí nunca nadie me ayudó”, señaló Margarita.
Este par de casos se repiten, no sólo en esos municipios, sino en muchos otros estados del país.
Hogaresnoticia.com tiene registro de otra invasión. En este caso, el afectado demostró ser el legítimo dueño del inmueble y logró meter a la cárcel a los invasores; sin embargo, y luego de tres meses, salieron libres. Uno de los responsables del despojo tomó represalias y mató al dueño de la propiedad.
Invasión de conjuntos habitacionales
En febrero de 2014, este medio publicó la denuncia que hizo un desarrollador de vivienda, quien señaló a un grupo de delincuentes por haber invadido desarrollos completos en los municipio de Huehuetoca y Tultitlán, estado de México.
En aquel entonces, dijo que por 500 pesos al mes, inmigrantes que bajan del tren conocido popularmente como “La Bestia” rentaban las viviendas a grupos delictivos que previamente invadían desarrollos habitacionales en esos municipios.
Advirtió que las casas invadidas se promovían por medio de mantas y calcomanías, tanto a inmigrantes como a nacionales. Y una vez que ocupadas, estas personas recibían la protección de esos grupos, en caso de que las autoridades intentaran desalojarlas.
En la opinión de Federico Sobrino Bracamontes, experto en temas de derecho inmobiliario y maestro en la Universidad Anáhuac, el caso de Carlota desentierra un problema con mucha profundidad y debe de ser un parteaguas en el sector inmobiliario.
El “caso de la abuelita sicaria no es un hecho aislado. Sabemos que todos los días se realizan invasiones a predios en algún lugar de México. Eso nos da idea de la gravedad en el mercado inmobiliario. Hablamos no sólo de despojos, sino también de fraudes y donde el delito patrimonial se presenta de manera importante, incluso en casas con crédito hipotecario”, indicó.
Advirtió que este tema es sumamente grave y refleja una problemática social, con tintes políticos, donde nadie hace nada, cuando en la realidad de los hechos, en un asunto que involucra a todos, desde autoridades municipales, legisladores, organismos crediticios, en caso de que haya un financiamiento de por medio y por supuesto, asociaciones de inmobiliarios.
“Todos deben de poner cartas en el asunto. Sin embargo, nadie está haciendo nada. Es claro que daña profundamente el sector inmobiliario”, sostuvo.
Acotó que detrás de esos grupos delictivos hay organizaciones civiles que se ostentas como sindicatos y con el padrinazgo de partidos políticos u otros grupos con intereses definidos.
“Lamentablemente el sector inmobiliario no ha levantado la voz para reprobar este tipo de acciones y tampoco podemos acostumbrarnos a ellas, como sociedad; debemos de reflexionar y buscar ponerle un alto a este tipo de abusos por parte de algunos grupos que se sienten intocables”, aseveró el experto en vivienda usada y en renta.
