Este fenómeno, lejos de ser un problema local, se convierte en una crisis nacional de desplazamiento forzado y violencia patrimonial, en la que frecuentemente se encuentran indicios de corrupción y colusión de autoridades, se argumenta en la iniciativa de ley.

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Redacción | Hogaresnoticia.com | 06 / Junio /2025

Ciudad de México.- El caso de Carlota, una mujer de la tercera edad que privó de la vida a dos hombres por invadir la vivienda de su hija en Chalco, estado de México, marcó un antes y un después en este país, el tema del despojo de propiedades.

Y es que, ante el incremento de casos de despojo por parte de organizaciones criminales, algunas de ellas que se ostentan como “sindicatos”, en la Cámara de Diputados La diputada Dionicia Vázquez García planteó reformar al artículo 19 de la Constitución Política para incluir el delito de despojo dentro de los casos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

La legisladora explicó que su propuesta responde a la grave situación de inseguridad patrimonial que enfrenta un amplio sector de la población, en especial personas mayores, familias en condición de vulnerabilidad y comunidades desplazadas.

Aseguró que la inclusión del delito de despojo en el catálogo de prisión oficiosa es indispensable para prevenir la reincidencia, evitar dilaciones indebidas y salvaguardar los derechos fundamentales de las personas afectadas.

El carácter sistemático y violento del despojo, así como su alta tasa de impunidad, justifican plenamente esta medida que permitirá que los responsables no evadan la acción de la justicia mediante prácticas dilatorias, intimidaciones o reincidencia, y contribuirá a restablecer la confianza ciudadana en el Estado de derecho, destacó la diputada.

Aseveró que el delito de despojo consiste en la ocupación ilegal y generalmente violenta de bienes inmuebles ajenos, siendo el estado de México y la Ciudad de México las entidades con el índice más alto en ese delito, al concentrar más del 30% de las denuncias.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, indica que este fenómeno, lejos de ser un problema local, se convierte en una crisis nacional de desplazamiento forzado y violencia patrimonial, en la que frecuentemente se encuentran indicios de corrupción y colusión de autoridades.

“Estudios recientes manifiestan que en uno de cada diez municipios del país existe una relación directa entre el aumento de denuncias por despojo y el incremento de homicidios”, apuntó.

Dionicia Vázquez resaltó que dicha actividad criminal daña no solo el derecho de propiedad, sino también, el derecho humano a la vivienda, a la seguridad jurídica y al libre disfrute de los bienes.

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