Los firmantes rechazaron de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigieron que las autoridades competentes, en especial la Asamblea del Infonavit, detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.
Redacción | Hogaresnoticia.com | 20/junio/2025
Ciudad de México.- Dirigentes de organismos empresariales se unieron para manifestarse en contra de la propuesta del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, de regularizar las viviendas que han sido invadidas.
En un comunicado conjunto exigieron respetar la ley y el patrimonio de los trabajadores frente a la intención de entregar, a precios subsidiados, viviendas a ocupantes irregulares.
El documento fue firmado por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la Confederación Patronal de la República Mexicana, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología y el Consejo Nacional Empresarial Turístico.
En el documento se lee que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros, sin vulnerar derechos de propiedad.
“Promover un programa que legalice la ocupación sin escrituración y fuera de la ley implicaría normalizar la invasión como vía de acceso a la vivienda”, se asegura.
Las organizaciones empresariales firmantes expresaron su firme oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”, se destaca.
En otro de los párrafos se indica que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.
Sed detalla que de las 168,000 viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843,000, 86% están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el instituto, ni con los legítimos propietarios.
Pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.
En pasado 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por la prensa sobre la propuesta del Infonavit para entregar viviendas invadidas. Sobre el particular, los empresarios dijeron reconocer y valorar la respuesta de la mandataria, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”.
Los empresarios coincidieron que es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas.
La “certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional”, resaltaron.
Desde el 2015, el Infonavit enfrenta una crisis de gestión: el índice de morosidad se disparó del 7.8% en 2018 a más del 18% en 2024, y si consideran los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende a 32 por ciento, es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.
“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto.”
En el documento también se indica en la administración anterior se había instruido que no se procediera con desalojos a acreditados con pagos vencidos. “Ahora se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito. Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro país.”
Los firmantes rechazaron de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigieron que las autoridades competentes, en especial la Asamblea del Infonavit, detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.
El “Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano (Sedatu), así como a la Comisión nacional de Vivienda (Conavi)”, se advierte.
Los empresarios aseguraron que México necesita instituciones fuertes, que operen con responsabilidad, legalidad y transparencia. En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley.
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