Legisladores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron posturas sobre el dictamen que expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, cuya finalidad es, aseguran, fortalecer, modernizar, homologar, actualizar e interoperar los catastros y los registros públicos de la propiedad.
FOTO: Archivo Hogaresnoticia.com
Redacción | Hogaresnoticia.com | 07 octubre 2026
Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, que propuso el Ejecutivo federal.
Con esto, los legisladores buscan homologar la información de los inmuebles, modernizar los catastros y facilitar la coordinación entre autoridades.
¿Qué significa esto?
Primero debes saber que el documento es producto de una iniciativa presentada por la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.
En segundo lugar, que en la Cámara de Diputados fue aprobada por 299 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones. Es así como pasó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
¿Aumentará el predial?
De acuerdo con la diputada Nora Yessica Merino Escamilla (Partido del Trabajo) no existe en el dictamen una tasa nacional de predial, un porcentaje mínimo de incremento y tampoco hay una tarifa federal o una disposición que ordene a los municipios aumentar el impuesto.
De igual manera, apuntó, no se establece un aumento de la base gravable del predial, ni fija un nuevo valor para los inmuebles, ni establece una nueva tasa del predial.
Lo que sí hace, argumentó, es establecer mecanismos para fortalecer, modernizar, homologar y actualizar los catastros, así como integrar información catastral y registral. Actualizar el catastro es diferente a aumentar automáticamente el predial.
Sin embargo, la visión es distinta para el diputado Arturo Yáñez Cuéllar (Partido Revolucionario Institucional).
Desde su perspectiva, la nueva ley va a afectar el bolsillo de los ciudadanos, “porque Morena quiere cobrar más de impuestos por la vivienda, sin poner un solo ladrillo”.
Las familias mexicanas, agregó, “terminarán pagando más por su predial de su casa. Este dictamen habla de ampliar la base gravable del predial y ahí está el detalle, no se requiere tener técnica ni ser economista, el predial se calcula como referencia, entre otras cosas, el valor catastral de tu propiedad”.
Distintas visiones de la modernización
La diputada Irais Virginia Reyes De la Torre, (Movimiento Ciudadano), reconoció que México necesita modernizar sus catastros y sus registros públicos y consideró que es importante digitalizar los trámites, pero el “problema no es el qué, (sino) el cómo”.
Destacó que bajo la narrativa de homologación y modernización, el dictamen construye un modelo en el que todas las decisiones tecnológicas, operativas y de implementación quedan subordinadas a la federación.
Dijo que esta ley pone en riesgo la certeza jurídica, la seguridad de la información y la autonomía de los territorios.
El diputado del PT, José Luis Montalvo Luna, resaltó que hay fragilidad e inseguridad jurídica en el patrimonio de millones de personas, dada la falta de regularización y registro formal de sus inmuebles.
Refirió que en México, hay más de 24 millones de inmuebles en situación de informalidad patrimonial; una de cada cuatro viviendas carece de escrituras públicas y en el sur del país la realidad es más alarmante.
El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (Partido Acción Nacional) expuso que su grupo parlamentario sí quiere catastros modernos, registros digitales, trámites sencillos y certeza sobre el patrimonio de México, “pero este dictamen no moderniza, centraliza”.
Anunció su voto en contra porque el dictamen “nace viciado de origen”. Era obligatorio solicitar la opinión de las entidades federativas y se invade a los municipios a administrar libremente su hacienda, acotó.
En tanto, Eleazar Guerrero Pérez, (Morena), consideró que se tiene la gran oportunidad de avanzar hacia un Estado más moderno, coordinado y con mejores herramientas para servirle a la gente.
Esta ley busca, dijo, poner orden, generar interoperabilidad y aprovechar la tecnología para garantizar una mayor certeza jurídica sobre la propiedad. “Se plantea avanzar hacia un Estado que utilice la tecnología para hacer más sencillos los trámites y fortalecer las capacidades públicas”.
Estos son los cambios a la ley
El documento menciona que las disposiciones de esa Ley serán aplicables a las autoridades facultadas para realizar funciones catastrales y registrales, así como a aquellas que generen, administren o resguarden información susceptible de vincularse en esas materias.
Define como Autoridad Catastral a las autoridades estatales o municipales que, conforme a la legislación aplicable, ejerzan funciones relacionadas con el catastro, dentro de su respectivo ámbito de competencia territorial.
Mientras que la Autoridad Registral será la autoridad competente en cada entidad federativa para ejercer la función registral inmobiliaria o el Instituto Registral de cada entidad federativa.
Establece además que la Cédula Única Catastral y Registral será el documento electrónico o físico emitido por las autoridades competentes en materia de catastro y registro, que contiene la información general de un predio para su plena ubicación e identificación física, que vincula la información registral y catastral.
También crea la Clave Única Catastral. En este caso, será la que se asigna a un predio o unidad inmobiliaria para su identificación, cuya integración estará determinada en los lineamientos técnicos emitidos por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en conjunto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
En este caso, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro (Morena) resaltó que el esquema de la Cédula Única Catastral y Registral y de la Clave Única Catastral permitirá ir al fondo y obtener la trazabilidad de aquellos inmuebles que han sido vendidos a través del tiempo y saber si existe alguna irregularidad; protege el derecho a la privacidad y el uso de datos personales.
Vale decir que consideran a la Plataforma Nacional Catastral como una solución tecnológica que permitirá gestionar de manera homologada trámites catastrales, conectar la información territorial y predial de las entidades federativas y de los municipios mediante estándares comunes e interoperabilidad, así como la Plataforma Nacional de Registros Públicos de la Propiedad como la solución tecnológica que permite gestionar de manera homologada trámites registrales con estándares comunes.
El dictamen precisa que son responsables de implementar, supervisar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencias: Sedatu, la Agencia, las Autoridades Catastrales y las Autoridades Registrales.
En el régimen transitorio expone que, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá emitir los lineamientos para la implementación de los planes nacionales, los cuales serán de observancia obligatoria para las Autoridades Catastrales y Registrales.
Además, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberán emitir los lineamientos para la integración, adopción e implementación de la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral.
De igual modo, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en un plazo no mayor a treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto, deberá habilitar las Plataformas Nacionales.
Las Autoridades Catastrales y Registrales adoptarán e implementarán los modelos para la homologación de trámites y servicios catastrales y registrales, así como las Plataformas Nacionales a más tardar el 31 de diciembre de 2026, a fin de que entren en operación el 1 de enero de 2027, conforme a lo dispuesto en la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y los Lineamientos para la Implementación del Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas.
Los poderes legislativos de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones a su marco legal o emitir la legislación correspondiente con la finalidad de instrumentar el presente decreto, a más tardar dentro de los ciento ochenta días posteriores a la entrada en vigor del mismo y prever en sus respectivos presupuestos y leyes de egresos los recursos necesarios para la implementación de la Ley.
El presidente de la Mesa Directiva, diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué informó que para la discusión en lo particular se presentaron propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral.
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